viernes, 26 de abril de 2013
lunes, 22 de abril de 2013
viernes, 19 de abril de 2013
ROGOFF Y REINHART SE EQUIVOCARON: LOS PAÍSES CON DEUDAS DE 90% DEL PIB SÍ CRECEN. POLÍTICAS DE AUSTERIDAD FISCAL SON INOPERANTES Y CONTRAPRODUCENTES.
Agujeros en la teoría de la austeridad europea de Rogoff y Reinhart
Iñaki Castro
Dos reputados economistas de Harvard,
autores de estudios que han influido en el rigor de Bruselas y EEUU,
admiten que se equivocaron en sus cálculos.
Las cuentas de la austeridad no cuadran. Dos reputados
profesores de la Universidad de Harvard, autores de diversos estudios
que han inspirado la rigurosidad fiscal en EE UU y Europa, han admitido
hoy que se equivocaron al hacer los cálculos. Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart,
esta última la mujer economista más influyente del mundo, patinaron al
utilizar un programa informático que contenía datos históricos de
decenas de países. El error arroja dudas sobre su tesis de que
los gobiernos con una deuda superior al 90% tienen graves dificultades
para impulsar el crecimiento. Esta conclusión ha servido de referencia para las políticas de Bruselas, el G-20 y la clase dirigente norteamericana.
Rogoff y Reinhart saltaron a la fama con un libro editado en 2009. Bajo el título 'Esta vez es distinto', los dos especialistas llevaron a cabo una colosal tarea de investigación para analizar las crisis financieras sufridas por el mundo desde hace 800 años. El trabajo refuta la idea de que la actual recesión es verdaderamente extraordinaria e insiste en las lecciones de la historia.
Siguiendo su teoría, las sucesivas turbulencias con raíces bancarias
demuestran lo difícil que resulta encontrar el camino de la
recuperación. El dúo de profesores reforzó su influencia con un estudio
adicional hace tres años. 'El crecimiento en tiempo de deuda' defiende
con un sinfín de estadísticas la importancia de mantener las cuentas
equilibradas para que la economía no se ahogue.
Este segundo
análisis fija el tope del 90% de deuda como límite para que el
crecimiento no se vea afectado. El estudio, basado en innumerables
cifras de las economías más avanzadas, sostiene que la recesión está
asegurada si un país convive con un pasivo de esta dimensión.
Lejos de tener un impacto exclusivo en el mundo universitario, el
trabajo pasó a convertirse en un argumento para distintos líderes
políticos. En Bruselas, el comisario de Economía, Olli Rehn, ha repetido varias veces que la austeridad resulta inevitable porque «serias investigaciones académicas» corroboran que
una deuda elevada frena la recuperación. En las últimas semanas, el
G-20 se ha planteado tomar la referencia del 90% como umbral máximo para
los miembros del club.
Las conclusiones de Rogoff y Reinhart, sin embargo, se han llevado hoy un fuerte varapalo. Tres colegas de la Universidad de Massachusetts difundieron un trabajo en el que se denuncia que su teoría de la austeridad está repleta de agujeros.
Los expertos, entre ellos un alumno aspirante a doctor que empezó a
tirar del ovillo, descubrieron que existían errores en los cálculos.
Según sus cifras rectificadas, los países con una deuda superior al 90%
no caen automáticamente en recesión, sino que pueden crecer a una media
del 2,2%. Además, advierten de que se han ponderado en exceso
situaciones concretas como la que sufrió Nueva Zelanda en 1951 cuando
registró una brutal caída del PIB del 7,6%.
Con los nuevos datos, los expertos de Masschusetts extraen una lectura completamente diferente. «No estamos sugiriendo que los gobiernos puedan despilfarrar, pero un déficit administrado juiciosamente es la herramienta más efectiva para combatir un desempleo masivo»,
aseguraban en un artículo publicado hoy en el 'Financial Times'. Rogoff
y Reinhart ya se han defendido. Tras asegurar que el desliz en los
cálculos se debe a un problema con el Excel, remarcaron que su «mensaje
central» se mantiene invariable. El dúo constató que pese a la
corrección queda claro que las economías sufren con un nivel de
endeudamiento excesivo.
Rogoff y Reinhart conforman uno de los tándems de economistas más reconocidos.
El primero, antiguo miembro de la cúpula directiva del FMI, fue un niño
prodigio del ajedrez que llegó a ganarse la vida jugando espectaculares
partidas de exhibición. Como especialista en materia económica, conoce
de sobra la polémica tras su enfrentamiento con Joseph Stiglitz, el
Premio Nobel de 2001 seguidor de John Maynard Keynes. Reinhart, que el
mes pasado fue nombrada doctora Honoris Causa por la Universidad del
País Vasco, nació en La Habana, aunque a los diez años se trasladó a EE
UU. Durante su infancia, las dificultades económicas le marcaron.
FRAUDE ACADÉMICO E INTELECTUAL DE ROGOFF Y REINHART: LA DEUDA NO AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Un estudio elaborado en EE.UU. rechaza la teoría de dos profesores de Harvard de que el alto nivel de deuda pública disminuye fuertemente el crecimiento económico. Todos los planes de austeridad de los últimos años se basan precisamente
en esta idea.
Los profesores de Harvard Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart publicaron el estudio 'El crecimiento en tiempos de austeridad' ('Growth in a Time of Austerity') en 2010. Estudiaron la historia económica de los 20 principales países desarrollados en el periodo desde 1946 hasta 2009 y llegaron a la conclusión de que rebasar un nivel de deuda pública del 90% del PIB causa una fuerte desaceleración en el crecimiento económico.
Esta conclusión se utiliza ampliamente para convencer a los políticos y a la opinión pública de la necesidad de medidas de austeridad, incluyendo el aumento de impuestos y los recortes en el gasto público. Sin embargo, un estudiante de la Universidad de Massachusetts, Thomas Herndon, en un análisis llevado a cabo junto con dos de sus profesores, criticó la investigación de los economistas y reveló que la elevada deuda pública no afecta a la tasa de crecimiento económico tan drásticamente.
De acuerdo con el equipo de la Universidad de Massachusetts (formado por el propio Herndon, junto con sus dos profesores, Michael Ash y Robert Pollin), la causa por la que sus colegas de Harvard llegaron a esta falsa conclusión es un uso selectivo de los datos, errores en las fórmulas de cálculo y una interpretación "no convencional" de los datos resultantes.
Al recibir este comentario, Rogoff y Reinhart prometieron que lo estudiarían, pero más tarde reconocieron sólo algunos errores en las fórmulas de cálculo. “No creemos que este error desafortunado altere seriamente en modo alguno el mensaje principal de nuestro estudio y los artículos posteriores", indicaron en un comunicado, negando el resto de las críticas.
Otro análisis crítico del trabajo de los dos economistas de Harvard ya generó un fuerte debate en la comunidad económica. El jefe del Centro de Investigación Económica y Política, Dean Baker, señaló, a su vez, que “si los hechos significaran algo para el debate sobre la política económica, tendría que ser un motivo para la revisión de los planes de reducción del déficit presupuestario que se llevan a cabo en EE.UU. y otros países.
"SUPER PESO" Y DISCIPLINA FISCAL (SUPERÁVIT FISCAL) ESTÁN AFECTANDO EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MEXICANA: DR. ARTURO HUERTA GONZÁLEZ.
Peso fuerte frena crecimiento
AGENCIAS/ MÉXICO, DF.
Nuevo
enfoque. Critica académico de la UNAM la actual política económica y
asegura que el crecimiento se ve afectado por el peso fuerte y la
estricta disciplina fiscal
La actual política macroeconómica, que mantiene el peso fuerte y una
estricta disciplina fiscal, es obstáculo para el crecimiento del país,
consideró Arturo Huerta González, el jefe de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
México, aseguró, requiere impulsar el crecimiento interno, tener un
tipo de cambio flexible y control de cambios, pues manifiesta que un
gobierno soberano controla la moneda, la emite y no compromete a la
estabilidad, según un comunicado de la máxima casa de estudios.
A pesar de las reformas estructurales y los equilibrios macroeconómicos, la entrada de capitales no prospera, critica Huerta González en su libro "Obstáculos al crecimiento: peso fuerte y disciplina fiscal", editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La disciplina fiscal, en su opinión, ha reducido el tamaño y la participación del Estado en la actividad económica, mientras que ha incrementado la de la cúpula empresarial nacional e internacional en el área.
"Actualmente se legisla a favor de lo financiero, mientras se relega lo productivo: el sector agrícola, el industrial, el crecimiento interno y la creación de empleos", señaló Arturo Huerta, también profesor de esa división de estudios.
Los rescates se han hecho a favor del capital financiero, no de quienes pierden sus empleos y sus casas, expuso, siendo que "las políticas en la materia deben favorecer las necesidades de la población, y no a los grandes capitales financieros externos".
Si el gobierno sigue subordinado a los intereses del gran capital, en lugar de responder a las demandas de la población, eventos como la crisis monetaria de Europa y las huelgas callejeras de los desempleados e inconformes podrían replicarse en México, alertó.
Durante la presentación del libro, Rolando Cordera Campos indicó que el texto está dirigido a reafirmar y razonar sobre lo que puede y debe ser el desarrollo económico de México, sometido hoy, como hace varios ayeres, a la dictadura del corto plazo, que nunca termina, y que para él se resume en el peso fuerte y la disciplina fiscal.
⇒ Mayor desempleo y menores oportunidades salariales.
⇒ Réplica de las manifestaciones que actualmente se viven en España.
FUENTE: AGENCIAS
A pesar de las reformas estructurales y los equilibrios macroeconómicos, la entrada de capitales no prospera, critica Huerta González en su libro "Obstáculos al crecimiento: peso fuerte y disciplina fiscal", editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La disciplina fiscal, en su opinión, ha reducido el tamaño y la participación del Estado en la actividad económica, mientras que ha incrementado la de la cúpula empresarial nacional e internacional en el área.
"Actualmente se legisla a favor de lo financiero, mientras se relega lo productivo: el sector agrícola, el industrial, el crecimiento interno y la creación de empleos", señaló Arturo Huerta, también profesor de esa división de estudios.
Los rescates se han hecho a favor del capital financiero, no de quienes pierden sus empleos y sus casas, expuso, siendo que "las políticas en la materia deben favorecer las necesidades de la población, y no a los grandes capitales financieros externos".
Si el gobierno sigue subordinado a los intereses del gran capital, en lugar de responder a las demandas de la población, eventos como la crisis monetaria de Europa y las huelgas callejeras de los desempleados e inconformes podrían replicarse en México, alertó.
Durante la presentación del libro, Rolando Cordera Campos indicó que el texto está dirigido a reafirmar y razonar sobre lo que puede y debe ser el desarrollo económico de México, sometido hoy, como hace varios ayeres, a la dictadura del corto plazo, que nunca termina, y que para él se resume en el peso fuerte y la disciplina fiscal.
Riesgos latentes
Estos son algunos riesgos que corre la economía mexicana. ⇒ Un limitado crecimiento económico.⇒ Mayor desempleo y menores oportunidades salariales.
⇒ Réplica de las manifestaciones que actualmente se viven en España.
FUENTE: AGENCIAS
Nuevo libro de Arturo Huerta González: "Obstáculos al crecimienot económico. Peso fuerte y disciplina fiscal". Modelo económico contra el crecimiento.
Presentación del libro: “Obstáculos al crecimiento. Peso fuerte y disciplina fiscal”
- Martes, 08 de Mayo de 2012 17:27
En el marco de las actividades académicas del 52º. Aniversario de la
fundación de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, se llevó a cabo la presentación del libro: “Obstáculos al
crecimiento. Peso fuerte y disciplina fiscal”, del doctor Arturo Huerta
González, jefe de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
El evento tuvo lugar en el Auditorio “Jesús Silva Herzog” del plantel anfitrión.
En entrevista previa a su participación, el doctor Arturo Huerta González comentó: “El libro analiza la política económica que ha venido predominando en el país, es decir, estas políticas macroeconómicas de estabilidad que tanto defiende el gobierno y los organismos financieros internacionales, que son los causantes de que México no crezca o venga creciendo por debajo de la media en América Latina, y no solamente ahí, sino que también viene creciendo por debajo de la media de los países de África”.
Declaró que a través de estas políticas de estabilidad se reduce la inflación a partir de abaratar el dólar, “estamos en un contexto de economía abierta, al abaratarse el dólar se abarata el precio de los productos que importamos del exterior, conjuntamente se trabaja en un contexto de austeridad fiscal, donde el gobierno no puede gastar más allá de los ingresos; el gobierno restringe el gasto, la inversión justo para equilibrar a sus ingresos, eso frena la demanda y frena el crecimiento económico”.
Y continuó: “Ahora surge la pregunta ¿Cómo se abarata el dólar? ¿Cómo tenemos grandes reservas internacionales?, pues resulta que toda la política macroeconómica se dirige justo a estimular la entrada de capitales. Tenemos una tasa de interés que está por encima de Estados Unidos, por arriba de la media internacional de los países desarrollados y eso promueve gran inversión de cartera. En días pasados, en el mes de abril había 86 mil millones de dólares de inversión extranjera en deuda pública, y resulta que ese capital se va en cualquier momento porque es un capital especulativo”.
En entrevista previa a su participación, el doctor Arturo Huerta González comentó: “El libro analiza la política económica que ha venido predominando en el país, es decir, estas políticas macroeconómicas de estabilidad que tanto defiende el gobierno y los organismos financieros internacionales, que son los causantes de que México no crezca o venga creciendo por debajo de la media en América Latina, y no solamente ahí, sino que también viene creciendo por debajo de la media de los países de África”.
Declaró que a través de estas políticas de estabilidad se reduce la inflación a partir de abaratar el dólar, “estamos en un contexto de economía abierta, al abaratarse el dólar se abarata el precio de los productos que importamos del exterior, conjuntamente se trabaja en un contexto de austeridad fiscal, donde el gobierno no puede gastar más allá de los ingresos; el gobierno restringe el gasto, la inversión justo para equilibrar a sus ingresos, eso frena la demanda y frena el crecimiento económico”.
Y continuó: “Ahora surge la pregunta ¿Cómo se abarata el dólar? ¿Cómo tenemos grandes reservas internacionales?, pues resulta que toda la política macroeconómica se dirige justo a estimular la entrada de capitales. Tenemos una tasa de interés que está por encima de Estados Unidos, por arriba de la media internacional de los países desarrollados y eso promueve gran inversión de cartera. En días pasados, en el mes de abril había 86 mil millones de dólares de inversión extranjera en deuda pública, y resulta que ese capital se va en cualquier momento porque es un capital especulativo”.
El
especialista universitario indicó: “Esa alta tasa de interés termina
frenando la actividad económica, se encarece el crédito, se encarece la
inversión y frena la actividad económica, pero es funcional para traer
capitales. También en ello, se ubican la llamadas reformas estructurales
que son los procesos de privatización, ahí está que se pueda abrir
PEMEX a la inversión extranjera, la banca está extranjerizada, esto se
produce en gran entrada de capitales, se abarata el dólar y baja la
inflación, entonces sale muy caro bajar la inflación a través de un
dólar barato porque estamos vendiendo el país y tenemos una política
económica a favor de la entrada de capitales que no impulsa la dinámica
económica”.
El Jefe de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM dijo también: “Luego esta cuestión del dólar barato implica que las importaciones son más baratas que la producción nacional y desplazan a la misma, por lo que ya tenemos menos industria, menos agricultura, que la que teníamos antes de estas políticas. En los años ochenta la industria manufacturera representaba el 23 por ciento de la actividad económica nacional, ahora representa el 17 por ciento; el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, representaba el 9.7 por ciento de la actividad económica del ochenta, ahora representa el 3.9 por ciento y hemos perdido la autosuficiencia alimentaría”.
Agregó: “Al tener menos industria, menos sector agrícola, tenemos menos generación de empleo, menos crecimiento para la economía externa y pasamos a depender de variables externos, de ahí que el gobierno nos dice que hay que avanzar en la reformas estructurales, no por nada tres de cuatro candidatos a la presidencia manifiestan que de ganar venderán PEMEX”.
Huerta González citó: “El libro señala que tenemos que romper con esa política, si en verdad queremos crecer o recuperar un proyecto de nación, tenemos que trabajar con un tipo de cambio competitivo, es decir, hay que encarecer el dólar para favorecer la producción nacional, hay que replantear los Tratados de Libre Comercio, no podemos seguir en un contexto de economía abierta. Planteamos que las políticas económicas deben responder a las necesidades de empleo, bien remunerado para la mayoría de la población, por ello tenemos que tener un tipo de cambio competitivo para proteger la producción nacional, y tenemos que tener una política fiscal en favor del crecimiento del mercado interno”.
Puntualizó: “Lo que el texto termina señalando es que la crisis es resultado de estas políticas de globalización a nivel nacional e internacional que nos ha llevado a tener más mercado y menos estado, para revertir esto hay que pasar a tener más estado y un mercado subordinado. Aquí se necesita fuerza política, hoy en día el sector financiero es tan fuerte que no hay quien lo controle, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo”.
Mencionó: “El gobierno habla que México está fuerte por la fortaleza del peso, la fortaleza de una economía no la da su moneda, la fortaleza de una economía la da su capacidad de producir bienes y servicios, su capacidad de generar empleos bien remunerados, situación que no acontece en el país. La fortaleza del peso ha sido por la entrada de capitales, por el proceso de privatización y extranjerización de la economía, eso ha atentado sobre las condiciones endógenas internas de crecimiento, ha atentado sobre el desarrollo industrial, agrícola, sobre la generación de empleo y crecimiento”.
El doctor Arturo Huerta González exhortó a encaminarnos a fortalecer la economía, generar condiciones de empleo bien remunerado, desarrollar la industria y la agricultura, “para eso se necesitan políticas proteccionistas, políticas de crecimiento de mercado, y ninguna política se instrumenta a favor”.
Finalmente añadió: “El problema es que ningún candidato presidenciable plantea esto, todos plantean lo mismo, que Dios nos agarre confesados porque nos llegará una crisis de proporciones en este país, lo que está pasando en Europa es el espejo de lo que le espera a México”.
El Jefe de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM dijo también: “Luego esta cuestión del dólar barato implica que las importaciones son más baratas que la producción nacional y desplazan a la misma, por lo que ya tenemos menos industria, menos agricultura, que la que teníamos antes de estas políticas. En los años ochenta la industria manufacturera representaba el 23 por ciento de la actividad económica nacional, ahora representa el 17 por ciento; el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, representaba el 9.7 por ciento de la actividad económica del ochenta, ahora representa el 3.9 por ciento y hemos perdido la autosuficiencia alimentaría”.
Agregó: “Al tener menos industria, menos sector agrícola, tenemos menos generación de empleo, menos crecimiento para la economía externa y pasamos a depender de variables externos, de ahí que el gobierno nos dice que hay que avanzar en la reformas estructurales, no por nada tres de cuatro candidatos a la presidencia manifiestan que de ganar venderán PEMEX”.
Huerta González citó: “El libro señala que tenemos que romper con esa política, si en verdad queremos crecer o recuperar un proyecto de nación, tenemos que trabajar con un tipo de cambio competitivo, es decir, hay que encarecer el dólar para favorecer la producción nacional, hay que replantear los Tratados de Libre Comercio, no podemos seguir en un contexto de economía abierta. Planteamos que las políticas económicas deben responder a las necesidades de empleo, bien remunerado para la mayoría de la población, por ello tenemos que tener un tipo de cambio competitivo para proteger la producción nacional, y tenemos que tener una política fiscal en favor del crecimiento del mercado interno”.
Puntualizó: “Lo que el texto termina señalando es que la crisis es resultado de estas políticas de globalización a nivel nacional e internacional que nos ha llevado a tener más mercado y menos estado, para revertir esto hay que pasar a tener más estado y un mercado subordinado. Aquí se necesita fuerza política, hoy en día el sector financiero es tan fuerte que no hay quien lo controle, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos, ningún gobierno del mundo”.
Mencionó: “El gobierno habla que México está fuerte por la fortaleza del peso, la fortaleza de una economía no la da su moneda, la fortaleza de una economía la da su capacidad de producir bienes y servicios, su capacidad de generar empleos bien remunerados, situación que no acontece en el país. La fortaleza del peso ha sido por la entrada de capitales, por el proceso de privatización y extranjerización de la economía, eso ha atentado sobre las condiciones endógenas internas de crecimiento, ha atentado sobre el desarrollo industrial, agrícola, sobre la generación de empleo y crecimiento”.
El doctor Arturo Huerta González exhortó a encaminarnos a fortalecer la economía, generar condiciones de empleo bien remunerado, desarrollar la industria y la agricultura, “para eso se necesitan políticas proteccionistas, políticas de crecimiento de mercado, y ninguna política se instrumenta a favor”.
Finalmente añadió: “El problema es que ningún candidato presidenciable plantea esto, todos plantean lo mismo, que Dios nos agarre confesados porque nos llegará una crisis de proporciones en este país, lo que está pasando en Europa es el espejo de lo que le espera a México”.
domingo, 14 de abril de 2013
LOS NEOLIBERALES ANACRÓNICOS PEDRO ASPE, JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MONTOYA Y SANTIAGO LEVY ESTÁN DETRÁS DE EPN
Los salinistas, de regreso: Pedro Aspe, José Córdoba Montoya y Santiago Levy, en el equipo de EPN
Por: Redacción / Sinembargo - abril 22 de 2012 - 21:40
Los salinistas, de regreso: Pedro Aspe, José Córdoba Montoya y Santiago Levy, en el equipo de EPN
Por: Redacción / Sinembargo - abril 22 de 2012 - 21:40
En la lógica que supone el apuntalamiento de la candidatura de Enrique Peña Nieto ante las muy limitadas capacidades políticas del candidato presidencial del PRI, tres tecnócratas salinistas operan como “cerebros” de su campaña. Se trata de Pedro Aspe, José Córdoba Montoya y Santiago Levy. El primero actúa como inspirador de la apertura total del sector energético; el segundo como promotor del fin de la representación proporcional, y el tercero como estratega en materia de política social. Peña Nieto deja claro así su “embelesamiento” con el neoliberalismo heredado por Carlos Salinas de Gortari, publica este domingo la revista Proceso. Como parte del servicio de noticias de SinEmbargo.mx, le llevamos íntegro el reportaje
Por Jenaro Villamil
MEXICO, DF. (proceso).- Convertidos en consultores, accionistas o cabilderos de trasnacionales de los ramos energético, eléctrico y manufacturero; en asesores e intermediarios entre gobiernos estatales y la banca para “renegociar” las millonarias deudas locales, los dos colaboradores más importantes del sexenio salinista, Pedro Aspe y José Córdoba Montoya, están de vuelta. Son los “cerebros” del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Pilares de la tecnocracia mexicana, sobrevivientes en la disputa entre Carlos Salinas y su sucesor Ernesto Zedillo, los dos integrantes del grupo compacto formado en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, operan fuera de reflectores. Hoy, Aspe y Córdoba influyen en las principales propuestas de gobierno del candidato priista. Su trabajo consiste en convencer al empresariado para que apoye a Peña Nieto, pero sobre todo definen el tono ideológico del mexiquense que aspira a ser el presidente de los “compromisos cumplidos” y del “gobierno eficaz”. El vínculo entre Aspe, autor de la frase “la pobreza es un mito genial”, y el equipo de Peña Nieto, viene de su relación con Luis Videgaray: el coordinador general de la campaña es su alumno, además de socio en la consultora Protego Asesores, rebautizada el lunes 2 de abril como Evercore Casa de Bolsa, “empresa líder en banca de inversión”. Fundada en 1996 por Aspe, la firma ha restructurado más de 100 transacciones de banca de inversión como “colocaciones de capital privado, financiamiento de proyectos de energía, reestructuraciones financieras, fusiones y adquisiciones y financiamiento a estados y municipios”. Entre esas entidades cuya deuda renegociaron están el Estado de México y el Distrito Federal, así como decenas de municipios importantes como Tijuana, sede del poder de Jorge Hank Rohn, el hijo incómodo del profesor Carlos Hank González. Más discreto, desde una casona de la colonia Roma, en la Ciudad de México, Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Salinas y artífice de la estrategia política para lograr las reformas económicas y la apertura comercial, es el principal ideólogo del “gobierno eficaz” de Peña Nieto. Defensor de un presidencialismo fuerte y enemigo de los “gobiernos divididos”, Córdoba menosprecia la necesidad de una reforma política para incorporar elementos parlamentarios al modelo mexicano; también es artífice de una propuesta para eliminar 100 diputados plurinominales, uno de los tres primeros compromisos que el candidato priista firmó al arrancar su campaña en Guadalajara el 30 de marzo último. Un tercer “cerebro” en el equipo de Peña nieto es Santiago Levy, director del Seguro Social en el gobierno de Vicente Fox. Antes, en el sexenio de Zedillo, fue subsecretario de Hacienda. Junto con Luis Téllez, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Javier Lozano, Jesús Reyes Heroles y otros tecnócratas de origen priista, se sumó a la ola del cambio panista, pero ahora regresa para terminar su proyecto de política de combate a la pobreza. Fue Levy quien le vendió a Peña Nieto la idea de crear el Sistema de Seguridad Universal, que supondría un costo total menor a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero implicaría reformas constitucionales importantes, así como un IVA generalizado en medicamentos y medicinas, propuesta que hasta ahora no ha hecho pública el aspirante presidencial priista. En sus mítines, Peña Nieto suele decir que mantendrá los programas para eliminar la pobreza, empezando por Progresa y Oportunidades, creados precisamente por Levy. Desde el sábado 14 de abril, en Guanajuato y Morelos, Peña Nieto incorporó en este esquema al Pronasol, el programa consentido del sexenio de Salinas. LA CÁTEDRA DE ASPE “El candidato que tenga 22 prioridades no tiene ninguna. Yo planteo sólo tres modernizaciones”: la del sector energético, la del sector educativo, y la de ciencia y tecnología; quizá le agregaría la reforma laboral, afirmó Aspe en una conferencia de tres horas la tarde del miércoles 18. Operador de las modernizaciones de la era salinista –sinónimo de la política de privatizaciones–, el exsecretario de Hacienda dictó cátedra ante los integrantes de la Academia Mexicana de Auditoría Integral al Desempeño. Ante ellos Aspe se explayó en su análisis de “La recuperación mexicana y el resto del mundo”. No hubo prensa en el evento; sólo estuvo presente Proceso. Seguro de que en el próximo sexenio habrá en México una “explosión de consumo”, el conferencista recomendó expandir el modelo de Tratado de Libre Comercio con las naciones emergentes de Asia-Pacífico y Latinoamérica; expuso también la necesidad de culminar la tarea iniciada hace un cuarto de siglo por el sexenio salinista: el “nuevo paradigma” de la liberalización y la productividad. Aunque discreto en sus opiniones políticas, Aspe no ocultó sus coincidencias con Peña Nieto sobre la urgencia de aprobar una reforma energética, tal como el candidato la expone en su libro México, la gran esperanza. No es casual el énfasis de Aspe y su consultora en relación con la privatización energética. El 2 de marzo pasado, mediante una transacción de entre 45 y 50 millones de dólares, Protego-Evercore adquirió 20% de Grupo Diavaz, cuyas principales actividades son extracción de petróleo y gas, así como distribución de gas natural. En 2008, Grupo Diavaz ganó la licitación para la explotación de crudo en un campo maduro en Ébano, San Luis Potosí. En su conferencia Aspe palomeó a Peña Nieto y a Josefina Vázquez Mota por plantear la apertura en el sector energético. Dijo que en materia de modernización educativa y de ciencia y tecnología “existe una baja productividad porque la cobertura y la calidad de la educación, así como la inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, son elementos que tienen un impacto directo en la productividad de la economía”. Las mismas palabras que aparecen en la página 64 del libro de Peña Nieto. No son las únicas coincidencias entre el peñismo y el exfuncionario salinista, quien ese día defendió ante los auditores el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la herencia más importante del sexenio de Salinas; expuso también que México será más competitivo que China en la próxima década por sus salarios más bajos. Cuestionado sobre la crisis de las deudas estatales, como la de Coahuila, Aspe afirmó que “es un tema importante, pero no es sistémico, no puede desequilibrar el país”. Argumentó que la deuda histórica acumulada de los estados apenas representa 2.7% del PIB. Algunos auditores le recordaron que su empresa Protego fue artífice de las renegociaciones en varios estados. Ese es el origen del vínculo entre Aspe y el Estado de México. Su socio en Protego Asesores, Luis Videgaray, fue contratado para reestructurar y refinanciar la deuda de la entidad en 2004, que ascendía 2 mil 500 millones de dólares. A partir de 2006, Aspe pasó a formar parte del Consejo de Administración de Televisa, la empresa que ha impulsado de manera abierta la carrera presidencial del mexiquense. Con el respaldo de Aspe, Videgaray se convirtió en secretario de Finanzas del gobierno peñista. En 2009 llegó a la Cámara de Diputados, donde presidió la Comisión de Presupuesto. Dos años después, buscó la candidatura de su partido al gobierno del Estado de México; tras perder, se sumó a Eruviel Ávila, el exalcalde de Ecatepec, e incluso coordinó su campaña. Desde noviembre de 2011, Videgaray es el coordinador general de la campaña de Peña Nieto. Es el responsable de la estructura paralela de 18 coordinadores sectoriales, 32 por entidad federativa, y cinco por cada circunscripción electoral. LA HUELLA DE CÓRDOBA MONTOYA La huella de Córdoba Montoya se dejó sentir desde el primer día de la campaña de Peña Nieto. La propuesta de eliminar el principio de representación proporcional de ambos es idéntica. En abril de 2010, el exasesor salinista escribió un extenso artículo sobre el tema en la revista Nexos y en el periódico Reforma, justo el año que se aprobó la Ley Peña en el Congreso mexiquense para bloquear las candidaturas comunes de los partidos opositores. La tesis de Córdoba es muy simple: en regímenes presidencialistas como el mexicano, el principio de representación proporcional no ha permitido gobiernos eficaces, sino gobiernos divididos porque “fragmenta la representación partidaria y otorga a las minorías un poder excesivo”. “El parlamentarismo puede convivir con el principio de mayoría, pero el presidencialismo no funciona eficazmente con el principio de representación proporcional. La razón es clara: el incentivo para construir una coalición partidista es muy superior en un régimen parlamentario –puesto que de esa coalición sale el Ejecutivo– que en uno presidencial. La historia de México en los últimos 13 años lo confirma”, sentenció Córdoba. En el último párrafo, el asesor salinista e impulsor de las candidaturas de Luis Donaldo Colosio, primero, y de Ernesto Zedillo, después, lanzó incluso un juicio polémico en su colaboración para Reforma, titulada “Contra el proporcionalismo”, publicado el 11 de abril de 2010: “El régimen político mexicano siempre ha sido presidencial. Actualmente, el sistema electoral mexicano es de representación mixta con preponderancia mayoritaria. Pero lo que hacen las fórmulas vigentes de integración de la Cámara de Diputados no es atemperar los excesos del principio de mayoría, sino violentar su esencia, que consiste en darle el derecho temporal de legislar al partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría… “Lo artificial es topar la ‘sobrerrepresentación’ en 8%, como ocurre hoy, para forzar gobiernos divididos y despojar al partido más grande de su eventual derecho a legislar. Ciertamente, la cláusula de gobernabilidad, que transforma mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños, tiene también un elemento arbitrario: fijar en 35% el porcentaje mínimo de votos para su aplicación. Pero hay una manera obvia de enderezar este aparente artilugio: el reparto plurinominal debiera simplemente asegurar que conserva la mayoría absoluta de escaños en la Cámara el partido que, en su caso, alcance la mayoría absoluta de diputados de mayoría”. Peña Nieto y su equipo de redactores del libro México, la gran esperanza tomaron al pie de la letra los textos de Córdoba e incluyeron en el apartado “Democracia con resultados” dos propuestas para restablecer el modelo presidencialista que defiende el exasesor de Salinas: eliminar la cláusula de 8% de sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados (proveniente de la reforma electoral de 1996) y “eliminar 100 diputados de representación proporcional”. El exasesor del salinismo no sólo pretende eliminar 100 diputados plurinominales, sino que el próximo presidente tenga también el dominio en el Congreso para culminar las reformas económicas que iniciaron hace más de tres décadas. Hace más de 20 años, en 1990, Córdoba publicó en la edición 128 de Nexos, en pleno salinismo, su ensayo “Diez lecciones de la reforma económica en México”, que en su parte medular plantea lo mismo que Aspe: “La liberalización del comercio es fundamental para inducir la eficiencia microeconómica y consolidar la estabilidad macroeconómica… Acelerar el proceso de liberalización comercial resulta conveniente para asegurar su irreversibilidad y, también, para que las empresas introduzcan cambios necesarios e incrementen su productividad en poco tiempo”. Córdoba también está interesado en acelerar la privatización del sector de energía. “Obviamente, estaba metido con la empresa Mexicana de Mantenimiento y Alumbrado (MMA), de capital francés y español, filial del consorcio francés Citelum”, señalaba Manuel Bartlett, en un articulo publicado por La Jornada de Oriente el 21 de enero de 2004. Según el diario, el contacto para ese nexo era Alejandro Parrodi, representante legal de la firma Basham Ringe y Correa, S.C., accionista de Citelum. Córdoba trabajó como cabildero para esa y otras compañías extranjeras interesadas en el negocio de la energía eléctrica. EL IMSS DE LEVY En materia de política social, Peña Nieto contrató los servicios de Santiago Levy, director del Seguro Social con Vicente Fox y promotor desde 2002 del esquema de subrogación de los servicios de guarderías del IMSS, cuyos vicios se materializaron en el incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a raíz del cual fallecieron 49 niños y 101 resultaron lesionados. Durante su gestión Levy se enfrentó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezado por Roberto Vega Galina. En esa época perdió la confianza de Fox por su incapacidad para mejorar el servicio del IMSS y por sus constantes roces con el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, recuerda Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Pese al desprestigio de los tecnócratas de la era de Salinas y Zedillo, asegura Leal Fernández, Peña Nieto está embelesado con ellos. “Está completamente embrujado por los funcionarios de organismos internacionales, entre ellos Levy”, actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, desde donde escribe textos y recomendaciones para eliminar la pobreza. El proyecto de Peña Nieto recuperó su propuesta de un Sistema de Seguridad Social Universal. En el capítulo 5 de su libro México, la gran esperanza, cita la tesis de Levy: “La coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal”: “Para corregir esta situación debemos construir un Sistema de Seguridad Social y Universal que otorgue un piso de protección social básico y gratuito a todos los mexicanos. Este sistema debe incluir cuatro elementos fundamentales: acceso efectivo a los servicios de salud, prensión para la vejez, seguro de desempleo y seguro de riesgos de trabajo. En este sentido, la condición de ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el eje del nuevo sistema de seguridad social”. Para lograrlo, se debe instrumentar una “reforma fiscal integral” basada en los planteamientos de Levy. El problema, advierte Leal Fernández, “es que es intransitable para el PRI porque implicaría elevar impuestos, sobre todo generalizar a 16% el IVA en medicinas y alimentos y reducir prestaciones”.
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REFORMA FISCAL NEOLIBERAL PROVOCARÁ INCREMENTÓ EN LA INFORMALIDAD Y EL CIERRE DE NEGOCIOS
IVA en alimentos y medicinas provocará aumento de 60% de ambulantes: Canainpa
Provocará además la reducción en 50 por ciento de las ventas de los pequeños negocios establecidos, alertan panificadores.
Susana González G.
Publicado: 11/04/2013 12:00
México, DF.
Aprobar el impuesto al valor agregado (IVA) a alimentos y medicinas
provocará un aumento de ambulantes de por lo menos 60 por ciento más
respecto a los 14 millones que actualmente existen y que forman parte
de los 29 millones de mexicanos que laboran en la economía informal,
en tanto carecen de prestaciones sociales, advirtió la Cámara
Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).
El vicepresidente del
organismo, Leopoldo González, sostuvo que el IVA provocará además
la reducción en 50 por ciento de las ventas de los pequeños
negocios establecidos.
Incluso previó un cierre
masivo de panificadoras, tortillerías, tiendas de abarrotes,
recauderías, carnicerías, restaurantes pequeños y farmacias, entre
otros.
Al rechazar una reforma
hacendaria que implique aumento de impuestos, el dirigente panadero
apremió a los legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Movimiento
Ciudadano "a utilizar la lógica al momento discutir la reforma
hacendaria", prevista para el segundo semestre del año, y
comprender que al aplicar más impuestos se daña a la economía
nacional, se evita la inversión de las pequeñas y medianas empresas
al no poder competir con la informalidad y genera inestabilidad
social.
Explicó que de aprobarse
una tasa de 16 por ciento de IVA en alimentos los más afectados
serán la tortilla, el pan blanco, la harina de trigo, la sal, la
leche, el frijol, el aceite, el pollo, el huevo, el arroz, el café y
el bistec de res, entre otros, así como medicinas.
Los ambulantes podrán
vender alimentos básicos a bajo costo e incluso potencializar el
“mercado
negro”, apuntó.
Recordó que la canasta
básica nutricional, aumentó 582 por ciento en los últimos 18 años
al pasar de 56.3 pesos al día a 384.4 pesos, cuando el salario
mínimo sólo se incrementó 308.19% en términos nominales.
Entonces, dijo, "la
pregunta lógica es de dónde van a sacar dinero los mexicanos de
bajos recursos para acercarse sus alimentos o medicamentos si se les
aplica IVA cuando el mensaje a la población parece ser: tienes
prohibido comer o enfermarte”.
Sentenció que no se puede
olvidar que El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) reconoce que en México hay 28 millones
de personas en pobreza alimentaria, por lo que antes de pensar en
cualquier otro impuesto, se debe hacer una reforma hacendaria
integral que ponga orden y mejore el sistema recaudatorio.
REFORMA FISCAL PEÑA-VIDEGARAY-SALINAS: IVA EN ALIMENTOS Y MEDICINAS AFECTARÁ A LOS MÁS POBRES E INCREMENTARÁ LA DESNUTRICIÓN EN EL PAÍS.
Efectos Distributivos de la Reforma al IVA
El sábado pasado, el periódico Reforma dio a conocer que
la Secretaría de Hacienda está analizando diversos escenarios para
aumentar la recaudación el año próximo. Según dicho diario, uno de los
escenarios analizados implica la posibilidad de generalizar el IVA para
que este impuesto también se aplique a alimentos y medicinas, acompañado
de una reducción de la tasa generalizada del 15 al 12%.
Por
supuesto, una reforma de este tipo en un contexto como el actual, solo
tendría sentido si lograra aumentar la recaudación. Por otro lado, al
incorporar el IVA a alimentos y medicinas, resulta más o menos obvio que
a quienes podría afectar más sería a los hogares de menores ingresos,
por ser precisamente éstos los que destinan un mayor porcentaje de sus
recursos al consumo de este tipo de bienes. Así pues, una pregunta
relevante, es cuál podría ser el impacto de una reforma de este tipo,
tanto en términos de recaudación como en términos de su impacto
distributivo.
Afortunadamente,
la misma semana pasada el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de
la Cámara de Diputados dio a conocer una interesante herramienta que
permite analizar (con ciertas limitaciones) precisamente escenarios como
éste a partir de los datos de las Encuestas Nacionales de ingresos y
Gastos de los Hogares. Dicha herramienta, conocida como Simuladores de
Análisis Fiscal, pueden ser utilizados de manera abierta por cualquier
persona y los pueden consultar en la siuiente liga.
Así,
con el simulador del análisis del IVA se puede construir un escenario
con una tasa generalizada del IVA del 12% y los efectos de esta reforma
por decil serían los siguientes:
Noten
que, en promedio, el gasto por hogar en IVA aumentaría en alrededor de
$218 mensuales, es decir, en poco más de 40% (al pasar de $496.6 a
$714.6 mensuales). Esto implicaría un aumento en la recaudación en la
misma proporción, lo cual significaría que la recaudación del IVA podría
aumentar en alrededor de 1.4% del PIB, lo cual contribuiría
significativamente a reducir el boquete fiscal que la Secretaría de
Hacienda contempla para los siguientes años.
Por
otro lado, la simulación realizada sugiere que, si bien el aumento en el
gasto en IVA en términos absolutos sería mayor para los hogares de
mayores ingresos (noten que el 10% de los hogares más ricos pagaría
alrededor de $292 mensuales adicionales en promedio, mientras que el 10%
de los hogares màs pobres pagaría ùnicamente $138 adicionales), el
costo más fuerte en términos proporcionales sería para los hogares más
pobres. Nótese que estos hogares tendría que dedicar poco más de 5.5
puntos porcentuales adicionales de todo su gasto para el pago de IVA (al
pasar de 5.27% a 10.71%), mientras que para los hogares más ricos el
efecto sería de apenas 2 puntos porcentuales adicionales (al pasar de
8.92% a 10.7%).
Es por ello que, como ya se ha
dicho en reiteradas ocasiones, la generalización del IVA en México,
independientemente de sus potenciales efectos recaudatorios, también
tendría un importante impacto distributivo en el país. Así es que, de no
plantearse medidas compensatorias adicionales, una propuesta de esta
naturaleza podría en efecto generarle mayores recursos al fisco, sin
embargo, esto sería a costa de un impacto negativo en la distribución
del ingreso. ¿Ya habrán tomado esto en cuenta nuestras autoridades?
miércoles, 10 de abril de 2013
EL IVA EN ALIMENTOS Y MEDICINAS AFECTARÁ LAS PERSONAS MÁS PÓBRES DE MÉXICO: MORENA
Provocará baja productividad y mayor carga al trabajador
Aplicar IVA a medicinas y alimentos afectará a los más pobres: Morena
Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de marzo de 2013, p. 21
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que la aplicación del IVA en alimentos y medicinas ‘‘significaría gravar indiscriminadamente al consumo’’, cuando 62 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.
Clara Brugada, secretaria de Bienestar del movimiento, advirtió que esa medida provocaría, además, ‘‘baja productividad y una carga mayor al trabajador, ‘‘que (ya) padece una disminución real en su salario’’.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Morena, la ex delegada en Iztapalapa indicó que el IVA es un impuesto regresivo que afectará sobre todo a los más pobres. Al desglosar socialmente el gasto de las familias, resaltó que el impacto del impuesto en las clases populares sería de 90 por ciento, en la clase media de 50 y en las de más altos recursos sólo de 10 puntos porcentuales.
‘‘Ya basta con los impuestos regresivos, como el IVA; demandamos que se les cobre más a los que más tienen, que se acaben los paraísos fiscales y también que se combata la evasión y elusión fiscales en los sectores pudientes’’, demandó Brugada.
A su vez, Martí Batres, presidente nacional de Morena, recordó que la agrupación ya cuenta con un plan de acción en busca de frenar las intenciones del PRI: el viernes –en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer– se realizará la clausura simbólica de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en avenida Hidalgo, en la ciudad de México, en rechazo al impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos; el 18 del presente mes habrá actos simultáneos en todas las entidades del país en contra de la privatización del petróleo –en el Distrito Federal será en el Hemiciclo a Juárez–, y en julio está prevista una concentración nacional en el Zócalo capitalino.
‘‘Los abusos que se están cometiendo son muchos y obviamente tenemos que pasar a la acción. Es verdaderamente aberrante lo que hizo el PRI’’, concluyó Batres.
Debe de aplicarse.
GRUPO "NUEVO CURSO DE DESARROLLO" DE LA UNAM. PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y NUEVO MODELO ECONÓMICO PARA QUE MÉXICO CREZCA
Descargar documentos:
otros documentos:
Al advertir que este 2012 y los próximos años México se enfrentará a
un entorno financiero internacional en “extremo desfavorable” y el
riesgo de otro bienio más de estancamiento, académicos e intelectuales
que conforman el Grupo “Nuevo Curso de Desarrollo”, presentaron
“Lineamientos de política para el crecimiento sustentable y la
protección social universal”.
Se trata de un extenso documento con 103 propuestas para impulsar más
allá de la estabilidad económica un crecimiento necesario con tasa
superior al 6%. Se buscan establecer estrategias para combinar el
incremento del salario real con un aumento de la productividad y la
generación de un millón de nuevos empleos formales…
Norma Samaniego Economista de la UNAM destacó que no sólo se trata de
elevar la cantidad de los empleos sino la calidad que estos
representan.
En este documento se propone concretar una verdadera Reforma
Hacendaria con cambios en el gasto, ingreso y crédito de los 3 niveles
de gobierno; Duplicar la inversión pública del 5% al 10% del PIB; Sin
importar el tamaño de las empresas se sugiere aplicar una tasa única
para el cobro del Impuesto Sobre la Renta con base a las utilidades
concediendo un trato especial para las PYMES; Plantean la simplificación
administrativa, el recorte de las estructuras administrativas, incluso
evitar que los salarios de los altos mandos sean excesivos y se
equiparen a lo que ganan sus pares en otros países.
Se propone también garantizar un acceso real y universal a los
servicios de salud, con un sistema de salud pública no fragmentado y
financiado por los impuestos generales pero también un sistema de
protección al ingreso de las familias ante eventos como maternidad,
enfermedades, edad avanzada, pagado por los impuestos generales no como
prestaciones.
Incrementar la inversión para la educación del nivel medio y superior
e impulsar una reforma educativa, conscientes de que el rezago no se
terminaría con el cambio de lideres sindicales.
En este contexto Cuauhtémoc Cárdenas manifestó que de llevarse a la
práctica estas propuestas, los efectos se percibirían de inmediato
aunque los resultados sostenidos serán a mediano y largo plazo.
Las propuestas podrán consultarse a partir de este martes 27 de marzo
por Internet en la página www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx, pero
también se buscará un encuentro después de Semana Santa con
legisladores, empresarios y con los candidatos presidenciales para
promover estos planteamientos, aunque Jorge Eduardo Navarrete, advirtió
que no se trata de un menú de donde se puedan escoger una o dos
opciones, porque los diagnósticos y las acciones son integrales.
La propuesta incluye otros aspectos como la seguridad alimentaria, la
energética eliminando los subsidios a los combustibles de manera
gradual, y el desarrollo de la infraestructura, la ciencia y la
tecnología.
Universidades públicas no deben ser afectadas por modelos de desarrollo regidos por el "culto al mercado": José Narro Robles
La UNAM pide evitar culto al mercado
Las universidades públicas deben impedir consecuencias del pragmatismo, dijo el rector José Narro; el trabajo de estas instituciones es uno de los mejores antídotos contra la desigualdad, añadió.
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — El rector de la UNAM, José Narro Robles, planteó que "no se debe permitir que las universidades públicas sufran las consecuencias de modelos de desarrollo regidos por el culto al mercado y al pragmatismo, donde el valor de las personas depende, fundamentalmente, del éxito alcanzado en términos económicos". Ante situaciones sociales indignas que enfrentan millones de latinoamericanos, el trabajo de esas instituciones educativas constituye uno de los mejores antídotos contra la desigualdad social, señaló según un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el Aula Magna de la Universidad de Playa Ancha, Chile, donde ofreció la conferencia "Desafíos de la universidad pública latinoamericana en el siglo XXI", consideró indispensable reivindicar el derecho a la educación, porque constituye la vía primordial para el acceso al conocimiento y al desarrollo.
"Como un bien público y social, la educación superior debe llegar a ser accesible a todos, bajo criterios de calidad, equidad y pertinencia", precisó.
Por ello, añadió, "es necesario superar el modelo tradicional de la universidad profesionalizante y fortalecer los estudios de posgrado, en particular los de doctorado", abundó.
Acompañado por el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza Vivanco, e integrantes de esa comunidad, expuso que para que los países latinoamericanos puedan transitar realmente hacia una sociedad basada en el conocimiento es preciso considerar al menos tres ejes fundamentales.
Ellos son la movilidad regional de académicos y estudiantes; la creación de un nuevo modelo de universidad latinoamericana; y el impulso al espacio común latinoamericano de la educación superior y la investigación, detalló.
El reto de la innovación tecnológica debe ser abordado por las universidades públicas en colaboración con el Estado y la iniciativa privada.
Continuar con la dependencia de lo que viene de otras latitudes equivale a condenarnos a ser una región maquiladora, sacrificar la soberanía, e hipotecar el futuro de nuestras sociedades, puntualizó.
Mencionó, además, la condición de los jóvenes en el ámbito latinoamericano, que está marcada por el hecho de que dos de cada tres jóvenes viven en situación de fragilidad social porque están empleados en actividades precarias, desempleados, o no estudian ni trabajan.
Además, uno de cada dos se ocupa en la economía informal, por lo que su nivel de ingreso es más reducido que el de los trabajadores formales, carecen de derechos laborales, seguridad social, atención a la salud y están condenados a una productividad baja.
Al término de la conferencia, ambos rectores suscribieron una carta de intenciones en materia de cooperación académica, con la que se pretende impulsar el intercambio de estudiantes, investigadores y cuerpo docente.
Ese intercambio, precisaron, tanto para el estudio como para la investigación e información y publicaciones en los campos de interés para ambas instituciones.
Se prevé, también, la promoción de análisis conjuntos, visitas de corto plazo para docentes e investigadores, y la realización de conferencias, coloquios y simposios, entre otras actividades.
Después, los rectores Narro Robles y Sanhueza Vivanco concurrieron a la sede congresional, para una reunión con legisladores, encabezados por el presidente del Senado, Jorge Pizarro Soto, y con el titular de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de ese órgano chileno, Jaime Quintana Leal.
Fuente: http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2013/04/10/la-unam-pide-evitar-culto-al-mercado
martes, 9 de abril de 2013
DOCUMENTAL COMPLETO 2013: FIREWALL: The financial crisis. PARED DE FUEGO: LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL 2008-2009
FIREWALL: The financial crisis - Documentary - Full - 2013
The U.S. government have committed themselves to rewarding criminal banking institutions through unconstitutional bail outs, and in doing so, have committed the United States to its own destruction.
Movie traces the history of the hyperinflationary blowout of 1923 Weimar Germany.
The U.S. government have committed themselves to rewarding criminal banking institutions through unconstitutional bail outs, and in doing so, have committed the United States to its own destruction.
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Documental "Inside Job", de Charles Ferguson y Matt Damon. Pelicula completa. Oscar 2011. SECTOR FINANCIERO PROVOCÓ LA CRISIS MUNDIAL
El documental trata sobre la crisis financiera de 2008 con investigaciones y entrevistas con financieros, políticos, periodistas y académicos. Desde el punto de vista narrativo, su estructura cuenta con varias partes: dedica su introducción a la crisis financiera de Islandia de 2008 y 2009, continúa exponiendo su visión de las causas de la crisis mundial y concluye con un diagnóstico de la situación actual, con una crítica severa a la administración de Barack Obama.
domingo, 7 de abril de 2013
GERARDO ESQUIVEL: LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES BENEFICIA PRINCIPALMENTE A TELEVISA (AZCÁRRAGA) Y PERJUDICA A AMÉRICA MÓVIL (SLIM)
Telecomunicaciones: ni ilusos ni desilusionados
Noto a mucha gente muy entusiasmada con la propuesta de Reforma
Constitucional en materia de Telecomunicaciones que se dio a conocer
hace pocos días. La Diputada Purificación Carpinteyro, por ejemplo,
incluso ha llegado a equiparar la reforma con la caída de Muro de Berlín y con la Independencia de México. El Senador Corral dice que ésta es
“la verdadera reforma política que México ha esperado por largo
tiempo”. La reforma no es mala, pero tampoco hay que exagerar. Aquí,
como en tantas otras cosas, se aplica la máxima atribuida a Manuel Gómez
Morín: “Que no haya ilusos, para que no haya desilusionados”. Veamos
algunos puntos relacionados con esta propuesta de reforma.
1. La Reforma no es mala, pero tampoco es una panacea
La reforma propuesta no es mala. De hecho, tiene varios de los
elementos que muchos analistas habíamos descrito que debería contener
una reforma en el sector: apertura en todos los mercados, incentivos a
la convergencia, fomento de la competencia, etc. Véase, por ejemplo, esto que escribí en 2009
en donde planteé algunas de las características deseables que, en mi
opinión, debería tener una reforma (aunque de carácter subóptimo) en el
sector. A pesar de que la reforma propuesta vaya en esta dirección, he leído varios análisis en donde claramente se exageran los beneficios de la reforma ya
sea en materia de competencia, de precios, de contenidos, de inversión
y/o de crecimiento económico. Creo que, desafortunadamente, nada de esto
verá en el corto y quizá ni siquiera en el mediano plazo, por algunas
de las razones que mencionaré a continuación.
2. Un mayor número de competidores es deseable, pero no es “la” solución
Los mercados de telecomunicaciones, en especial el de la televisión y
de la telefonía, son mercados que por sus características técnicas
(economías de escala y/o de red) tienden en forma natural a estar
altamente concentrados. Por ello, en este tipo de mercados el fomento a
la competencia enfrenta límites muy serios. No se puede crear fácilmente
competencia simplemente a través del otorgamiento de mayores
concesiones. Esto puede aumentar el número de competidores, pero
esto no necesariamente se traducirá en mejores condiciones de
competencia en el sector. Un ejemplo de lo que podría ocurrir en estos sectores es lo que ha pasado en el sector financiero.
Allí se pensaba que otorgando un mayor número de concesiones de bancos
se lograría una mayor competencia en el sistema bancario y una menor
concentración. La evidencia demuestra que esto no ha sido así. Es
cierto, ahora hay un mayor número de competidores (es decir, de bancos),
sin embargo, el mercado sigue estando altamente concentrado porque los
incumbentes (es decir, los bancos que ya existían antes de que se
otorgaran las nuevas concesiones) son muy grandes y poderosos, se
aprovechan de sus economías de escala y de red, y se benefician de una
regulación relativamente laxa que les favorece. Es por ello que no debe
exagerarse la importancia ni los potenciales efectos benéficos de que
haya un mayor número de competidores. Esto nos lleva al siguiente punto.
3. La clave está en la regulación
Por lo antes dicho, la clave para mejorar las condiciones de
competencia en un sector como el de las telecomunicaciones, al igual que
en el financiero, reside en la regulación. En ese sentido es de crucial
importancia entender cuál es el papel del órgano regulador en este
sector, así como el papel de las otras instancias que influyen en la
operación de las empresas del sector. Por ello, la primera pregunta
relevante que debe responderse es si es verdaderamente necesaria una
nueva instancia como el llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFETEL) que se propone como sustituto de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (COFETEL). A mí no me parece claro que esto deba ser
así. ¿Cuál es la justificación para esta sustitución? ¿Por qué sería
mejor el nuevo órgano? Es cierto que, en el pasado, la COFETEL ha
respondido a los intereses de algunas empresas del sector. Sin embargo,
eso no parece ser el caso en estos momentos. De hecho, sería hasta cierto punto paradójico que ahora que finalmente la COFETEL ha empezado a actuar seriamente como órgano regulador y que ha adoptado medidas importantes en beneficio de los consumidores (como es el caso de las tarifas de interconexión) la pretendan desaparecer.
¿Qué pasará con todo el bagaje técnico que se ha acumulado en la
COFETEL? ¿Por qué se pretende empezar de cero en el nuevo órgano? ¿Por
qué no mejor reformar a la COFETEL, dotarla de autonomía y ampliar el
número de comisionados en lugar de desaparecerla?
Por otro lado, tampoco es claro que sea benéfico que el nuevo órgano
regulador también asuma las labores de promoción de competencia en el
sector. En el marco institucional actual, la labor de regulación del
sector y de promoción de la competencia recae en dos órganos distintos:
la COFETEL y la Comisión Federal de Competencia (COFECO). ¿Por qué se
cree que sería mejor que un solo órgano aglutine estas dos funciones? La
promoción de la competencia y el análisis de prácticas anticompetitivas
es un tema que requiere de una gran especialización. ¿Qué experiencia
en esta materia tendrían los comisionados del propuesto IFETEL? ¿Por qué
hacer del sector de telecomunicaciones un sector único con una
regulación de competencia distinta al del resto de la economía? ¿Por qué
no mejor se busca fortalecer a la COFECO en general, lo cual tendría
efectos benéficos para todos los sectores de la economía? En general, no
parece deseable concentrar en un solo ente el poder regulador y el
poder de promoción de la competencia de un sector en específico. Hacer
esto dotaría de un inmenso poder a los nuevos comisionados, pero por lo
mismo, incrementaría los incentivos de las empresas del sector para
buscar la captura de los reguladores. En cambio, mantener estas
funciones separadas sería deseable no sólo porque esto garantizaría una
cierta independencia de las decisiones en una u otra materia, sino
porque ayudaría a fomentar la especialización en estas dos importantes
áreas de la política pública.
Por supuesto, hay otros elementos relativos a la conformación y
funciones del IFETEL que deben ser revisados. Muy especialmente, lo
relacionado a la participación del Presidente, así sea mediante la
emisión de opiniones no vinculantes para el otorgamiento o revocación de
las concesiones (art. 28). Esto es claramente inadmisible y no debería
ser aprobado como parte de la Reforma por tratarse de una franca
violación a los principios de autonomía que se supone deben prevalecer
en un órgano de esta naturaleza.
4. Sobe los Agentes Económicos Preponderantes en el sector
La propuesta de reforma establece que el IFETEL deberá identificar en
un plazo de 180 días a los agentes económicos preponderantes en el
sector y que deberá establecer una regulación asimétrica en función de
ello. Para lograr lo anterior, se propone el establecimiento de un
criterio “objetivo” que establece que un agente económico será
considerado como preponderante si cuenta, de manera directa o indirecta,
con una participación superior al 50% del total nacional en la
prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones. Este
porcentaje será medido ya sea en número de usuarios, en tráfico de redes
o por la capacidad utilizada de las mismas.
Aunque a muchos les parezca razonable esta forma de definir a un
agente económico preponderante, en realidad no tiene mucho sentido desde
un punto de vista económico. Aunque el tamaño relativo de una empresa
en un sector puede ser relevante en la identificación de una empresa con
poder sustancial de mercado, nada indica que deba usarse un umbral
específico y único para identificar a una empresa como preponderante y,
por lo tanto, como sujeta a una regulación diferente al de las otras
empresas participantes en el mercado. Imagine, por ejemplo, un mercado
con 3 empresas: una con 50.1% del mercado, otra con 49.8% y una más con
0.1% del total. ¿Por qué tratar diferente a la primera que a la segunda?
La teoría económica ha demostrado que lo verdaderamente
relevante para promover la competencia no reside en la participación de
mercado de una empresa, sino en las prácticas de los participantes en el
sector. Así, es posible que 5 empresas, cada una con 20% del
mercado, incurran en prácticas anticompetitivas a través de esquemas de
colusión, mientras que un duopolio en el que cada una de las empresas
cuenta con 50% del mercado podría no estar actuando de manera
anticompetitiva. Por ello, una regulación basada en un umbral del 50%
de participación en el mercado es equívoca y podría incluso ser bastante
injusta.
En los hechos, el criterio de 50% para definir agentes económicos
preponderantes puede tener un trasfondo más político que técnico, ya que
parece tener un destinatario específico: las empresas de Carlos Slim.
Basta echar un vistazo a las cifras del sector para darse cuenta de que
la aplicación de este criterio únicamente afectará a las empresas de
Slim (ver cuadro anexo), mientras que Televisa podrá librarlo
fácilmente, sobre todo una vez que se otorguen las concesiones
correspondientes para las nuevas cadenas de televisión abierta. Lo
anterior es más evidente aún en la forma que se pretende aplicar la
condición de must carry/must offer. De acuerdo a ésta, la señal de los
canales de televisión abierta será gratuita para todos los oferentes de
televisión de paga, con excepción de aquellos que hayan sido
identificados como preponderantes en cualquier segmento de las
telecomunicaciones. Es evidente que el único perjudicado con este tipo
de excepción será nuevamente Carlos Slim, cuyas empresas serían las
únicas que deberían pagar por transmitir los contenidos de la televisión
abierta, con lo que se estaría protegiendo nuevamente a las empresas
televisoras que también participan en el mercado de televisión de paga y
se estaría impidiendo la libre competencia en este mercado. En ese
sentido, la propuesta de que un agente económico preponderante sea
tratado de manera asimétrica en este aspecto no favorece la competencia
en precios en el mercado de televisión de paga, sino que más bien la
obstaculiza, por lo que es algo que también debería ser eliminado de la
propuesta de reforma.
Fuente: OCDE, Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de las telecomunicaciones en México, 2012.
5. La economía política de la reforma
He escuchado a legos y expertos afirmar que esta propuesta de reforma
afecta a todos los monopolios de las telecomunicaciones por igual y que
beneficia fundamentalmente a los consumidores. Creo que muchos aún no
han entendido bien la reforma propuesta. Tal y como está, la reforma
beneficia fundamentalmente a las televisoras (en especial a Televisa) y
perjudica a América Móvil (Telmex-Telcel). Los supuestos beneficios a
los consumidores, sin embargo, terminarán dependiendo más de la
regulación que se imponga después de la reforma que de ésta, ya que lo
que se propone en la reforma en realidad no tendrá efectos en el corto
plazo para los consumidores. Como ya se dijo, es posible que haya más
oferentes, pero esto no garantizará por sí mismo ni mejores precios, ni
mejor calidad en el servicio, ni tampoco mejores contenidos (vean, a
manera de ejemplo, la programación de Cadena 3, una de las posibles
beneficiarias de las nuevas cadenas de televisión abierta).
En realidad, lo único cierto hasta ahora de la reforma es que
le ofrece a las televisoras la posibilidad de acceder a un nuevo,
jugoso y mucho más grande mercado que el de la televisión misma:
el mercado de telefonía e internet; al mismo tiempo que les ofrece una
cierta protección en el mercado de televisión de paga y les garantiza la
supervivencia de sus concesiones actuales de televisión abierta. Si, es
cierto, la reforma las enfrentará a una mayor competencia a través de
las nuevas cadenas nacionales, pero el efecto de eso es mínimo cuando se
le compara con los potenciales beneficios de acceso a los nuevos
mercados. El tamaño de los mercados de televisión de paga, telefonía e
internet son mucho más grandes que el de la televisión abierta, por lo
que estas empresas tienen mucho que ganar y poco que perder. En
contraste, las empresas de Carlos Slim están precisamente en la
situación opuesta. ¿Cuánto perderán? Esto depende en parte de si se
mantiene o no la definición de agente económico preponderante que se
plantea en esta reforma. Si se mantiene, los costos para estas empresas
podrían ser relativamente altos, ya que podrían obligarlo a separar y
partir a sus empresas de telefonía fija y móvil y a competir en la
televisión de paga en franca desventaja. Si no se mantiene la
definición, Slim podría perder parte de su segmento de mercado en
telefonía e internet, pero podría compensarlo parcialmente con lo que
pudiera obtener en la televisión abierta o de paga, así como en términos
del poder político que podría adquirir si él fuese uno de los
beneficiarios de las nuevas cadenas de televisión abierta. En resumen,
no es para nada evidente que la reforma afecte a todos los monopolios de
las telecomunicaciones, ni mucho menos que lo haga de la misma manera.
El otro gran ganador de la reforma, por cierto, es el
gobierno, quien podrá tener más instrumentos de control político y
administrativo sobre los participantes en el mercado, así como
una cierta preponderancia en la conformación de los nuevos órganos
reguladores propuestos y a través del otorgamiento de las nuevas
concesiones de televisión abierta. Esto último sin duda tendrá efectos
positivos para el gobierno en términos de voluntades y afinidades por
parte de los grupos económicos que eventualmente resulten beneficiados
en la asignación de las nuevas concesiones. Así, por ejemplo, no es
casual que ya se hable como potenciales beneficiarios de estas nuevas
concesiones a algunas empresas vinculadas a medios de comunicación que
hasta ahora han sido particularmente afines a la actual administración.
6. ¿Mejores contenidos? ¿Una BBC Mexicana?
Algunas de las mentes más brillantes de México han afirmado que la
reforma traerá consigo mejores contenidos en la televisión mexicana.
También los he oído decir que gracias a la Reforma tendremos una especie
de BBC o de PBS mexicana. Quisiera creerles, pero lo dudo. La razón es muy simple: el problema de los contenidos no es de oferta, sino de demanda.
Aunque no lo crean, en la televisión mexicana hay buenos contenidos.
Vean el Canal 11, el 22 o el canal de la UNAM, por ejemplo. Vean,
incluso, algunos programas de debate e informativos en la televisión
privada. No, el problema no es la falta de oferta de televisión de
calidad. El problema es que no hay suficiente demanda por este tipo de
televisión en México. Una mayor oferta de canales en la televisión puede
simplemente repetir lo que actualmente ocurre en la radio. Es decir, es
evidente que allí hay varios competidores y oferentes de servicios,
pero ¿cuántos de los radioescuchas están realmente dispuestos a
cambiarle de una cierta estación a las estaciones del IMER o de Radio
UNAM? ¿Cuánto han cambiado o mejorado los contenidos de las
radiodifusoras a partir de la existencia de estas otras radiodifusoras?
No lo sé de cierto, pero me atrevo a afirmar que muy poco. Con esto no
quiero decir que no sea deseable que haya una nueva cadena de televisión
pública, o que me opongo a que haya más y mejores programas de calidad o
con mejores contenidos. Es evidente que incluso el gusto por lo que se
considera como televisión de calidad es algo que se va formando, por lo
que una mayor oferta puede ser deseable bajo cualquier circunstancia. Lo
único que quiero decir con esto es que no nos ilusionemos, que no
creamos que los nuevos canales mejorarán la oferta de contenidos como
por arte de magia o, en su caso, que los nuevos contenidos atraerán
inmediatamente a nuevos televidentes. No, eso no pasará. O no al menos
en el corto o mediano plazo. Eso tomará mucho tiempo. Así como la
mayoría de los radioescuchas no ha abandonado estaciones como “La Z” por
“Opus 94”, así tampoco deberíamos esperar que la gente abandone las
telenovelas por algún documental o alguna serie que transmita la nueva
cadena pública. Una vez más, que no haya ilusos para que no haya
desilusionados.
——-
En resumen, los grandes ganadores de esta reforma son las televisoras.
Algunos miembros del Pacto por México, principalmente los líderes
perredistas, han insinuado que quienes se opongan a la reforma se
estarán aliando con los monopolios de las telecomunicaciones. También
han dicho que quien vote en contra de la reforma es porque sin duda
forma parte de la llamada “telebancada”. Se equivocan. Es justo al
revés. Votar por la reforma tal y como está si revelaría una cierta
simpatía con los intereses de las televisoras y con un trato asimétrico
favorable a empresas con un evidente poder de mercado. La
búsqueda del interés público pasa no sólo por aprobar esta reforma, sino
que también pasa por revisarla, discutirla y corregirla. En
particular, es necesario fortalecer y no eliminar a la COFETEL, es
conveniente mantener la separación entre órganos reguladores y de
competencia, es necesario eliminar el criterio (aparentemente objetivo)
de agente preponderante en el mercado que conlleva nombre y apellido, es
necesario eliminar las propuestas de regulación asimétrica que
pretenden favorecer a unos a expensas de competidores y consumidores y,
finalmente, es necesario impedir la intervención del Ejecutivo en el
otorgamiento y revocación de las concesiones de telecomunicaciones.
Hacerlo de otra manera podría ayudar a algunas empresas, pero no
necesariamente redundará en beneficio de los consumidores. Ya veremos
qué es lo que verdaderamente les interesa a nuestros legisladores.
miércoles, 3 de abril de 2013
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HA REGALADO A LOS EMPRESARIOS 1.7 BILLONES DE PESOS DE 2000 A 2011. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. IVA ALIMENTOS Y MEDICINAS. REFORMA HACENDARIA.
Lo que Hacienda devolvió a los empresarios: $1,641,473,000,000
Política - Página: 50 - No.299 o descarga el PDF (10.33 MB).Lo que Hacienda devolvió a los empresarios:
$1,641,473,000,000
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Si no fuera trágico, podría tomarse como una muestra de humor involuntario: la Secretaría de Hacienda busca imponer el IVA a alimentos y medicinas para conseguir 150 mil millones de pesos que le ayuden a financiar sus programas sociales y de infraestructura.
Pero, al mismo tiempo, mantiene esquemas fiscales que la han llevado a devolver más de un billón 641 mil 400 millones de pesos de impuestos a un reducido grupo de grandes empresas en el periodo 2000-2011.
Con esa cantidad podrían haberse hecho una y mil cosas: construir 111 refinerías, dotar de presupuesto a la UNAM durante 48 años, rescatar a Chipre de su bancarrota financiera al menos nueve veces, construir 149 trenes bala, financiar durante 521 años a todos los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, rescatar a mil 262 empresas como Mexicana de Aviación o enviar 50 naves espaciales como la Curiosity a Marte…
Por Zorayda Gallegos
@zogallegos
@zogallegos
.
Si
Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, quisiera
en verdad reunir los recursos necesarios para financiar los programas
de educación, salud e infraestructura del actual gobierno, bastaría que
revisara los informes que en alguna de las oficinas de la gente a su
cargo deben estar bien guardados.
Seguro que la carpeta con las hojitas que le entregarían lo
asombraría: la Secretaría de Hacienda ha devuelto a los grandes
contribuyentes –empresas que facturan más de 500 millones de pesos anuales– impuestos
por una cantidad difícil de asimilar para un ciudadano común: un billón
641 mil 473 millones de pesos. Y lo ha hecho en un tiempo muy corto:
los 12 años incluidos en el periodo 2000-2011.
Esta cifra, que se antoja increíble y astronómica, pero que está
sustentada en los reportes entregados por las autoridades del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), serviría para construir al menos mil 40 hospitales
como el Regional de Alta Especialización de Ixtapaluca, considerado el
más grande del país y obra emblemática del sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa.
La dimensión del perjuicio que las devoluciones de impuestos a
grandes contribuyentes causan a las finanzas del Estado es un tema que
el gobierno federal y el Congreso no han querido ver, pero no ha sido
por falta de advertencias.
Ya desde 2008 gente calificada como Arturo González de Aragón,
entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, alertó
públicamente de la seriedad del daño económico para el Estado.
En una reunión realizada en julio de 2008, González de Aragón advirtió directamente en el Senado de la República: “Durante el sexenio de Vicente Fox se devolvieron 680 mil millones de pesos de impuestos a grandes empresas; las devoluciones se encuentran altamente concentradas en el país, lo que contraviene el principio de equidad fiscal”.
Aunque González de Aragón alcanzó a señalar que el crecimiento en el
monto de las devoluciones de impuestos era muy rápido, pues se había
duplicado en sólo cinco años, se quedó muy corto.
La realidad hoy es más aguda: si al arranque de este siglo se
devolvieron 75 mil millones de pesos, para 2011 ya se llegó a niveles
muy superiores: 219 mil millones. Se triplicó el volumen de impuestos
regresados.
Por eso, y ahora que está sobre la mesa la propuesta de una reforma
fiscal que es muy probable que incluya IVA en alimentos y medicinas,
expertos en el tema han propuesto que en vez de considerar este
gravamen, se analice la eliminación de los privilegios fiscales.
Hace sentido pues, según estimaciones de Hacienda, si se cobrara IVA
en alimentos y medicinas se podrían recaudar 159 mil millones de pesos,
cifra menor a lo que se les devuelve a un pequeño número de grupos
empresariales.
Otra propuesta que podría considerar Videgaray, doctor en economía
por el Instituto Tecnológico de Massachussets, es revisar lo que los
especialistas llaman el régimen de consolidación fiscal: es decir, la
facilidad para que mediante esquemas legales los grandes grupos
empresariales prácticamente no paguen impuestos.
Las críticas a este privilegio fiscal tampoco son nuevas. Basta leer
lo que González Aragón reveló a los senadores en la misma ocasión: datos
increíbles, pero nunca desmentidos: 50 grandes consorcios pagaron en 2005 un promedio de 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 67 pesos de IVA. Es decir, sólo destinaron 141 pesos al pago de impuestos.
Los
esfuerzos de Hacienda por recaudar más ingresos se desploman año con
año gracias a las devoluciones de impuestos, tanto que al menos 33 de
cada 100 pesos que se reúnen por concepto de IVA son devueltos a las
grandes empresas.
Estas devoluciones permitidas por la legislación se concentran en
empresas dedicadas a comercializar bienes y servicios con tasa cero de
IVA, como alimentos, medicinas, maquinaria, equipo agrícola y
embarcaciones para pesca comercial, entre otros.
La mecánica es sencilla: al estar sujetas a tasa cero, las empresas
pueden solicitarle al SAT que les regrese el IVA que no cobraron al
vender su servicio, pero que sí pagaron para comprar los insumos con los
cuales elaboraron sus productos.
El problema, en opinión de los especialistas, es que esa posibilidad
de reclamar devolución ha ocasionado un daño enorme a las finanzas
públicas y ha contribuido, además, a la desigualdad social.
Esta afirmación cobra sentido si se revisan cada uno de los informes
que ha elaborado la Auditoría Superior con información proporcionada por
el SAT.
En ellos está documentado el desembolso anual de la administración
federal para regresar a los grandes contribuyentes cientos de miles de
millones de pesos.
Desde 2000 (último año del gobierno de Ernesto Zedillo) hasta 2011 (en los estertores del de Felipe Calderón), las devoluciones a los grandes contribuyentes casi se triplicaron. La cifra pasó de 75 mil a 219 mil millones de pesos.
Quienes han denunciado este esquema consideran que además de restarle
recursos al Estado para financiar el desarrollo del país, profundizan
una situación de mayor desigualdad.
El análisis hecho por la Auditoría Superior a las devoluciones de
impuestos hechas por el SAT en 2005 da cuenta clara de este aspecto: “El
total de las devoluciones se encuentra altamente concentrado, pues 398 grandes empresas concentraron 76.5 por ciento del dinero devuelto (139 mil 240 millones de pesos)”.
No nada más eso. Un pequeño grupo de 10 empresas recibió de regreso impuestos por 17 mil 416 millones de pesos (21
por ciento de las devoluciones). “Cinco de estas empresas están
ubicadas en el sector automotriz, una cadena de tiendas departamentales o
de autoservicios, una de productos fotográficos, una institución
financiera, una dedicada a la industria de la panificación y otra más a
la del hierro y el acero”.
Y así ha sido la historia reciente. 2010: del billón de pesos que
recaudó el SAT, al final devolvió 174 mil millones a empresas
cementeras, mineras, automotrices, refresqueras, cerveceras,
maquiladoras de electrodomésticos, alimentos enlatados, cigarreras y
telefónicas.
La fiscalización 2011 produjo los mismos hallazgos: las devoluciones
rebasaron los 200 mil millones de pesos. Del total, 20 empresas
recibieron 63 mil millones.
Los beneficiados: empresas automotrices, supermercados y tiendas departamentales, electrónica, alimentos y telefonía celular.
Hace
más de tres décadas, el gobierno federal estableció medidas fiscales
especiales para alentar la inversión de los grandes empresarios y la
creación de empleos. El Régimen de Consolidación Fiscal, concebido como
un sistema de incentivo a las empresas, pero con la condición de que no
produjera un daño a las finanzas del país o que, de producirlo,
implicara un simple diferimiento en el pago del ISR, se estableció
mediante un decreto firmado por Luis Echeverría en junio de 1973.
A través de este mecanismo, incorporado a la Ley del Impuesto Sobre
la Renta en 1982, se permite que un grupo de empresas con un mismo
accionista mayoritario pueda pagar impuestos como si fuera una sola
empresa.
Si un grupo tiene varias empresas, se le permite deducir las pérdidas de algunas de ellas contra las utilidades de las otras, con lo que los consorcios tienen la posibilidad de crear empresas “diseñadas” expresamente para perder. Esto, además, les permite posponer o diferir el pago de los impuestos que deberían entregar a las autoridades de Hacienda, a pesar de tener utilidades de miles de millones de pesos.
El propio gobierno federal reconoce que se ha venido privilegiando a
estos grupos empresariales, obteniendo una recaudación mínima. “El
esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del ISR
diferido, lo que representa un sacrificio para el erario público
federal. El esquema actual del régimen de consolidación fiscal permite
que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción
inmediata para generar pérdidas (…) o bien opten por incorporar empresas
perdedoras al grupo y así prorrogar el pago del impuesto diferido por
largos periodos de tiempo”, señala la exposición de motivos del
Presupuesto de Ingresos enviado en 2010 a la Cámara de Diputados.
El gobierno federal mandó ese año una propuesta para que el pago del
impuesto diferido se realizara en parcialidades, pero no para eliminar
el privilegio.
Los diputados modificaron la propuesta, que quedó así: en
2010 las empresas tendrían que pagar 40 por ciento de los impuestos
diferidos hasta la fecha y un 15 por ciento cada año hasta 2014.
Le pusieron un plazo a los grupos empresariales para que pagaran, en
un término de cinco años, los impuestos que arrastraban desde el sexenio
de Fox. Pero no acabaron con el privilegio.
Luego las disposiciones se “aligeraron aún más”. Los senadores determinaron que ese 40 por ciento se convirtiera en 25 por ciento.
Meses después hubo otro paso atrás. La Secretaría de Hacienda dio muestra “de una desfachatez”, como
la calificó Mario Di Costanzo, entonces diputado federal y hoy titular
de la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de Usuarios
Financiero (Condusef): redujo la obligación de pago a 10 por ciento.
El régimen de consolidación fiscal permitió que en 2010 un grupo de 30 grupos empresariales, entre los que destacan Cemex,
Telcel, Telmex, Grupo México, Bimbo, Grupo Carso, Maseca, Walmart,
Saba, Bachoco, Gigante, Modelo, Televisa, Inbursa, Peñoles y Palacio de
Hierro, entre otros, obtuvieran privilegios extraordinarios.
Los balances de esos grupos mostraron buenas noticias para sus
accionistas. En conjunto, obtuvieran ingresos de 2 billones 379 mil
pesos, pero sólo pagaron impuestos equivalentes a 4.1 por ciento de sus
ventas totales.
Cualquier otra empresa o las personas físicas habrían tenido que pagar una tasa de 30 por ciento. Y en esos casos, Hacienda es inflexible a la hora de fiscalizar.
El boquete económico causado a las finanzas del gobierno por estas
prácticas empresariales ha causado preocupación incluso entre las mismas
filas de la Secretaría de Hacienda, al menos en las que colaboraban ahí
en octubre de 2009.
En esa fecha, las autoridades del SAT entregaron un informe a la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el que colocaron su
mira en el blanco que más les preocupaba.
El reporte proporcionaba a los diputados un dato revelador: la
recaudación de impuestos que podría alcanzarse sería de aproximadamente
850 mil millones de pesos de no existir el Régimen de Consolidación
Fiscal. Una cifra que ese año equivalía a dotar durante 42 años de
presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o
financiar por completo 70 refinerías de petróleo.
La
propuesta, que será discutida en los próximos meses en el Congreso, ha
sido tema de debate durante la última década. Según estimaciones de
Hacienda, con el IVA en alimentos y medicinas se podrían obtener hasta
159 mil 712 millones de pesos.
Los que impulsan la medida argumentan que es la única manera de conseguir que haya más equidad en el cobro de impuestos,
en tanto que los opositores afirman que causará un significativo daño a
la economía de la población con menores ingresos en México.
Por eso, dicen, hay que buscar otras vías. Y una de ellas es, precisamente, eliminar los privilegios fiscales de los grandes empresarios.
“Antes de entrar al debate del IVA en alimentos y medicinas, deberíamos
revisar la consolidación fiscal que representa pérdidas para Hacienda
de entre 400 mil y 500 mil millones de pesos al año”, explica Luis
Espinoza Cházaro, diputado por el PRD.
Según el legislador, el IVA en alimentos y medicinas generaría una
recaudación de apenas 25 mil millones de pesos. Por ello es mejor atacar
el régimen de consolidación fiscal.
–El Pacto por México plantea acabar con los privilegios fiscales. ¿Por fin se podrán eliminar?
–Llegó el momento de la gran reforma fiscal que elimine estos
privilegios que no tienen razón de ser. Eso permitiría resolver el
problema de ingresos sin lesionar a los que menos tienen.
No sólo desde la oposición partidista se ha criticado este esquema de
privilegios y, en contraste, la pretensión de imponer IVA a alimentos y
medicinas.
La academia ha sido uno de los lugares en los que se ha insistido en
modificar la actual perspectiva con que pretende atacarse el problema de
la falta de ingresos del gobierno.
José Luis Calva, doctor en economía e integrante del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, considera que el IVA a alimentos y
medicinas afectaría a la mitad de la población que vive en condiciones
de pobreza.
Por ello, dice, es mejor realizar una reforma fiscal que corrija el
actual esquema de impuestos. “El régimen de consolidación fiscal debe
ser suprimido; es un mecanismo de elusión fiscal por parte de grandes corporaciones, incluso trasnacionales”.
En uno de sus más recientes trabajos académicos, que ha sido publicado en forma de libro con el título Reforma fiscal,
Calva enlista una serie de medidas que podrían elevar los ingresos
fiscales hasta en 10 puntos porcentuales del PIB sin necesidad de
aplicar IVA a medicinas y alimentos.
“Lo que se requiere es tener tasas de impuestos diferenciadas, de tal manera que aquellos que ganan más también paguen más. Es
inconcebible que Carlos Slim pague la misma tasa de impuesto que una
persona de la clase media, y todo porque no hay una progresividad en las
tasas”, explica el profesor universitario.
La
consolidación fiscal tiene, por supuesto, sus defensores. El senador
panista Héctor Larios Córdova es uno de ellos. Ex presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), él no ve que
sea un esquema perjudicial por completo. Asegura que también tiene sus
ventajas y cree que si se eliminara, se correría el riesgo de afectar a
quienes sí lo utilizan adecuadamente en beneficio de sus empresas.
Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado
explica que si se mantiene es porque se creó como un mecanismo para
incentivar la inversión, aunque algunas personas hayan pervertido su
esencia original.
“Si tengo una empresa y creo otra, y los primeros años de esa empresa
no tengo utilidades, lo que pasa con el régimen de consolidación es que
me animo a invertir más porque esas pérdidas podré restarlas a las
utilidades que tuve en la otra empresa”, justifica.
–Diputados del PRD sostienen que en vez de IVA en alimentos y medicinas, hay que eliminar la consolidación fiscal. ¿Qué opina?
–Son dos cosas diferentes, no son comparables. Hay que ver lo que más
le conviene al país para que se generen empleos y crezca la economía.
Hay que sacar la cuenta completa, no es tan sencillo como ellos lo
afirman.
La del senador Larios es una tesis recurrente entre quienes abogan
por mantener los privilegios fiscales para las grandes empresas:
aseguran una y otra vez que gracias a esos mecanismos las empresas
invierten y crean más plazas de trabajo.
Sin embargo, desde hace ya varios años las
cuentas de la Secretaría Hacienda demuestran que está equivocado:
mientras las devoluciones de impuestos crecen, las inversiones privadas
disminuyen.
El dato no es nuevo, desde el 2005 se advierte esta situación. “La
evidencia empírica (una comparación entre la inversión privada y las
devoluciones) no confirma la hipótesis que sostiene que una baja en las
tasas impositivas, como la que se presenta mediante las devoluciones,
representa un incentivo para que los agentes económicos incrementen su
inversión, ya que mientras las devoluciones mostraron una acelerada
tendencia a crecer, las variaciones anuales a la alza de la inversión
privada no fueron proporcionales”, establece la Auditoría Superior de la
Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2005.
Con
casi todo a su favor, los grandes consorcios mexicanos, muchos de ellos
con operaciones en diversas partes del planeta, no sólo cuentan con
recursos técnicos y una maquinaria de abogados, fiscalistas y contadores
que los auxilian en la tarea de pagar menos impuestos, sino que además
prácticamente no los pagan.
Entre un número muy pequeño de grupos empresariales destaca otro aún
más reducido que constituye el ejemplo perfecto de lo que críticos y
opositores etiquetan como una desigualdad fiscal.
El ex diputado de izquierda y hoy funcionario público Mario Di
Costanzo hizo durante años un seguimiento escrupuloso de los balances de
estos grandes consorcios y lo que encontró lo llevó a denunciar en la
tribuna legislativa a las empresas que consolidan fiscalmente.
“Si sólo se eliminara el régimen de consolidación fiscal, se
obtendrían más de dos puntos del PIB de recaudación tan sólo de 30
empresas”, afirmó en mayo de 2011.
Por esas fechas, Di Costanzo elaboró un análisis sobre algunas de las
empresas que recurren a esa práctica para pagar la menor cantidad de
impuestos. Destacó tres casos.
Grupo Bimbo es uno de ellos, reportó el diputado.
Esta empresa, cuyo principal accionista (Lorenzo Servitje) apareció
recientemente en la revista Forbes como el octavo entre los 35 hombres más ricos de México, tuvo
ingresos en 2010 de 117 mil millones de pesos, pero sólo pagó impuestos
por 2 mil millones, apenas 2 por ciento de sus ventas, una cifra muy lejana al 30 por ciento que las pequeñas y medianas empresas están obligadas a cubrir.
Al siguiente año los ingresos de Bimbo aumentaron: la empresa de la
familia Servitje –cuya fortuna se calcula en más de 4 mil millones de
dólares– tuvo ganancias de 133 mil 700 millones de pesos, pero apenas pagó 3 mil millones.
Un segundo caso es el de Cemex, propiedad del regiomontano Lorenzo Zambrano. La consolidación le permitió pagar en 2010 impuestos por 4 mil 500 millones de pesos, apenas 2.5 por ciento de sus ingresos.
Una de las mayores productoras de cemento en el mundo, con
operaciones comerciales en 102 países, también recurrió a esa
disposición: en
2011 reportó ingresos de 189 mil 938 millones de pesos, pero su pago de
impuestos fue de 3 mil 297 millones, menos de dos por ciento.
El tercer caso corresponde a otra familia regiomontana, los Garza Lagüera, principales socios de Femsa, empresa dedicada a la producción, comercialización y distribución de refrescos (Coca–Cola) y a la operación de tiendas de conveniencia (Oxxo).
Femsa reportó
un pago de impuestos de apenas un poco más de 3 por ciento de sus
ingresos, colocados en el nivel de 169 mil 701 millones de pesos.
Como éstos, decenas de casos muestran que ese esquema es cualquier cosa menos equitativo.
Luis
Videgaray, considerado un verdadero genio en materia de finanzas
públicas, haría bien en citar a Mario Di Costanzo, quien como titular de
la Condusef es hoy su subalterno.
Di Costanzo ha dicho que se entiende bien con su jefe. Por eso, quizá
exista una ligera posibilidad de que Videgaray le preste atención.
Basta que el ex diputado le repita al secretario de Hacienda y Crédito
Público lo que escribió en su cuenta de Twitter en septiembre de 2010:
“Si aceptaran mi propuesta (de eliminar el régimen de consolidación
fiscal) y las grandes empresas pagaran impuestos como todos los
mexicanos, el IVA se podría bajar hasta en cuatro puntos y también se
podrían evitar los incrementos a gasolina y energía eléctrica”.
Ya sólo falta que su jefe lo escuche.
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